En los años setenta del siglo XX se incubaron las profundas
relaciones entre la mafia y la política en Colombia. La primera fase
relacionó políticos de profesión con los señores de la marihuana, que
fueron los primeros sectores ligados realmente con poderosos carteles
de la mafia a nivel internacional, la principal región afectada fue la
Costa Caribe Colombiana y sobre esas relaciones hay numerosos estudios
tanto académicos como periodísticos. Los mafiosos de entonces como los
de ahora, buscan establecer relaciones con sectores de la clase
política para garantizar condiciones de impunidad, leyes blandas, leyes
enredadas que hagan difícil sino imposible la extinción de dominio de
los bienes obtenidos mediante el narcotráfico. Era vox populi que estos
sectores apoyaban al turbayismo en el seno del liberalismo y que
aportaron recursos para su elección presidencial en el año de 1978.
Quizás desde entonces el Nobél político Alberto Santofimio Botero haya
tenido relaciones con estos sectores, pero de lo que si no hay ninguna
duda es que las tuvo y bastantes estrechas con el llamado Cartel de
Medellín y sus máximos jefes Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha.
En sus relaciones con el poder en Colombia la mafia ha
privilegiado sus nexos con los partidos políticos y con las Fuerzas
Armadas. Con los primeros como ya se dijo para garantizar condiciones
de impunidad, leyecillas blandas, en el pasado, negación de la
extradición a la que Escobar y Gacha, que son la segunda generación de
los narcotraficantes ya éstos sí ligados con los carteles de la
cocaína, temían más que el diablo a la cruz. Las relaciones ente
Escobar y Rodríguez Gacha con Santofimio era estrecha. Todo el país
sabe que Pablo Escobar llegó a la Cámara de Representantes por un
movimiento político afín a Santofimio. Este se erigió como la figura
más novedosa del clientelismo tradicional de estirpe liberal, de
oratoria fácil, discurso demagógico inclinado al progresismo retórico,
se opuso a las verdaderas transformaciones de fondo del régimen
político colombiano. Todos los mayores de cuarenta y cinco años
recordamos que frente a la revocatoria del mandato del Congreso elegido
en el año de 1990, Santofimio propuso encadenarse con otros
parlamentarios en el patio de Mosquera del Capitolio Nacional para
impedir que se cumpliera la orden de la Asamblea Nacional
Constituyente. Quizás con la excepción de la ponencia favorable que
rindió para la aprobación del Acto Legislativo No 1 de 1986 que
estableció la elección popular de alcaldes, Santofimio fue un
parlamentario típicamente liberal de debates retóricos, intermediación
clientelista para obtener recursos del presupuesto para alimentar su
base electoral que seguía fuertemente vinculada al departamento del
Tolima, pronto escaló posiciones de mando tanto en el liberalismo como
en el poder político siendo presidente de la Cámara de Representantes y
llegando a ocupar bajo el Gobierno de Alfonso López Michelsen el
Ministerio de Justicia.
Sus relaciones como hemos dicho con el mundo del
narcotráfico fueron muy fluidas y por ello no es descabellada la teoría
de la Sala Penal que describe que Santofimio era parte integral del
Cartel de Medellín del cual formaba parte en su estructura política.
Siempre se escuchó que Santofimio habría instigado a Pablo Escobar para
que organizara el asesinato de Luís Carlos Galán. Es lo que ahora,
22 años y algunos días después ha señalado la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia de acuerdo con los testimonios rendidos durante el
proceso por el jefe de los sicarios de Pablo Escobar John Jairo
Velásquez “alias Popeye”, y por el ex parlamentario Oviedo Alfaro. A
ambos testigos la Sala Penal de la Corte Suprema les da plena
credibilidad en la sindicación que hacen de que Alberto Santofimio
Botero instigando e incitando la organización del atentado que
finalmente ocurrió el 18 de agosto de 1989 y que terminó con la muerte
del entonces precandidato liberal.
El caso de Santofimio es emblemático de varias
circunstancias que se presentan a diario en Colombia y que están en la
base de nuestro conflicto y de nuestra violencia. La connivencia, la
impunidad, en que se mueve la clase política en relación con factores
del crimen organizado y del narcotráfico. Santofimio eludió durante más
de dos décadas la acción de la justicia como la ha eludido el general
Miguel Maza Márquez también implicado en las investigaciones por el
crimen de Luis Carlos Galán.
Pero falta la otra parte de la investigación que es la que
compromete a las élites militares y de Policía que fueron copartícipes
de estos crímenes. Hasta cuándo las investigaciones se detienen en el
señalamiento de un político como Santofimio, ya viejo y caído en
desgracia, mientras no se indaga por sus nexos con las Fuerzas Armadas y
de Policía y con los sectores terratenientes; empresariales que se han
beneficiado también del narcotráfico y del conflicto. Y hasta cuándo
tendremos que esperar para develar los autores materiales e
intelectuales de los crímenes de Bernardo Jaramillo Ossa, Carlos
Pizarro, Jaime Pardo Leal y de los miles y miles de líderes sociales y
políticos democráticos que han sido asesinados o con la participación
de integrantes de las Fuerzas Armadas o con su complicidad.
En la base de nuestra conflagración armada interna la
impunidad es un combustible muy activo para mantener ese choque. Por
ello es altamente negativa la propuesta de reforma a la justicia que
pretende eliminar la presencia de la Sala Penal de la Corte Suprema en
las investigaciones de los congresistas. Esa reforma busca la
impunidad y por ello debe ser rechazada y debemos movilizarnos para
defender a la Corte Suprema y a sus atribuciones constitucionales
actuales. La lucha por un país más democrático pasa por una justicia que
opere con diligencia y que vaya hasta el fondo de las relaciones
mafia, poder político y poder empresarial.
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